La política de liquidación de activos estatales del gobierno de Javier Milei tendrá su inicio formal en Córdoba con un caso concreto: la subasta de un terreno ubicado en Humberto Primo y Tucumán, en pleno Centro de la capital provincial.
Se trata del primer inmueble cordobés que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ofrece oficialmente dentro del plan de remate de propiedades que abarca a la mayoría de las provincias.
El lote pertenece al Estado nacional desde 2005 y está bajo la órbita de la Afip (actual Arca), que lo había adquirido a Epec con la idea de construir allí sus oficinas propias, un proyecto que nunca se concretó. Es uno de los pocos baldíos que quedan en el área central de la ciudad: está a 50 metros de la sede principal de Epec, a 100 metros del edificio de Naranja X y muy próximo a la avenida Costanera.
Según el pliego, el terreno se encuentra desocupado y en estado regular de conservación. También se destaca su ubicación estratégica, en un área céntrica “caracterizada por la presencia de edificios residenciales, comercios y dependencias públicas”, a nueve cuadras de la plaza Colón.
La capacidad constructiva calculada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación asciende a 18.508 metros cuadrados, lo que abre la posibilidad de desarrollos de vivienda, oficinas y locales comerciales.
De acuerdo con los datos de la subasta pública 392-0062-SPU25 de la AABE, el inmueble tiene una superficie total de 2.796 metros cuadrados, con 121 metros cuadrados cubiertos y 20 metros cuadrados semicubiertos. El precio base fijado para el remate es de U$S 1.104.313, con un incremento mínimo de U$S 16.600 en cada oferta.
Cómo es la subasta
La subasta será electrónica, a través de la plataforma Subast.Ar, el próximo 6 de octubre a las 14 horas, y el cierre de inscripciones está previsto para el 29 de septiembre.
La decisión generó un fuerte rechazo de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) de Córdoba, que emitió un comunicado titulado “No al desmantelamiento del Estado”. Allí la comisión directiva cuestiona que el inmueble, originalmente destinado a construir la sede propia de la Afip en Córdoba, haya sido declarado “innecesario” y puesto en venta. Para el gremio, se trata de un “despojo” de un bien comprado con dinero de los contribuyentes, que ahora queda expuesto al interés de desarrolladores privados. Además, advirtieron que la medida se suma al congelamiento salarial, cierres de oficinas y otros ajustes en la estructura del organismo recaudador.
El texto también subraya que levantar un edificio propio para la Afip era “un viejo anhelo” que hubiese permitido ahorrar en alquileres y consolidar patrimonio público. En cambio, interpretan la venta como una decisión “de dudosa legalidad” y una señal de vaciamiento. “No al desfinanciamiento, vaciamiento y destrucción del Estado”, cierra el pronunciamiento del sindicato, que plantea la disputa por el lote céntrico como un símbolo del rumbo político y económico del Gobierno nacional.
Antecedentes
La venta de este lote en Córdoba capital se enmarca en una estrategia nacional de deshacerse de bienes del Estado nacional en desuso con un doble objetivo, sumar dólares a las alicaídas reservas y desprenderse de inmuebles ociosos que generan gastos. Al menos, esa fue la explicación que dejó trascender la Casa Rosada el año pasado.
En octubre de 2024, el gobierno de Milei anunció que preparaba la venta de 400 propiedades en todo el país, entre ellas, cuatro en Córdoba: este terreno céntrico de la esquina de Humberto Primo y Tucumán, y tres grandes lotes en Malagueño, a la vera de la autopista Córdoba-Carlos Paz.
En esos terrenos de Malagueño funcionan actualmente la Sociedad Rural de Córdoba, el Mercado Cooperativa San Miguel y hay viviendas de familias que se asentaron en expropiedades del Ejército.
También se encuentran en esos lotes el exhelipuerto Berrini y parte del predio conocido como “La Perla Chica”, un sitio de memoria reconocido como Monumento Histórico Nacional.
El intendente de Malagueño, Marcos Fey, había advertido en diálogo con este medio que el municipio buscaba participar en la definición del futuro de las tierras junto a la autopista y que era indispensable respetar la normativa urbana local.
En total, las propiedades de Córdoba incluidas en el plan nacional suman más de 585 mil metros cuadrados. El caso del lote céntrico es el primero en llegar efectivamente a subasta pública.
Lote en el centro: condiciones y obligaciones del comprador
El pliego establece que quien resulte adjudicatario deberá ejecutar una obra de construcción de carácter permanente equivalente al 80% de la superficie constructiva habilitada, con inicio en un plazo máximo de 36 meses y finalización dentro de los 96 meses posteriores a la inscripción del dominio.
Es decir, no basta con adquirir el lote: el compromiso incluye un desarrollo inmobiliario concreto.
Además, se prevé una comisión del 2% del valor de tasación a favor de la AABE (U$S 22.086) y la obligación de abonar el 10% del precio como seña dentro de los 15 días posteriores a la adjudicación.
El saldo deberá cancelarse en dos etapas: 10% adicional a los 15 días de la adjudicación y el 80% restante en un plazo de 60 días.
El adjudicatario también asume la responsabilidad por la remediación ambiental y la obligación de mantener indemne al Estado ante cualquier reclamo vinculado al uso futuro del inmueble.
“La Perla Chica”
Párrafo aparte para la situación legal sobre La Perla Chica. Ese sitio fue señalizado como “Sitio de la Memoria” en noviembre de 2023 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En noviembre de 2024, ante la iniciativa de venta impulsada por el Gobierno nacional, la Justicia Federal de Córdoba dictó una medida de “no innovar” sobre estos terrenos.
Esto implica que, por ahora, el Estado no puede avanzar en su venta ni en modificaciones sobre el predio. La resolución fue motivada por la necesidad de preservar el sitio debido a que continúa siendo objeto de investigaciones judiciales y se busca proteger los restos de las víctimas.
Diversos actores, como la CGT Córdoba y la Mesa Provincial de Derechos Humanos manifestaron su rechazo a la intención de vender este sitio. Lo consideran un espacio de memoria histórico cuya preservación va más allá de los intereses patrimoniales.
Destacaron que el lugar aún tiene relevancia para causas judiciales por delitos de lesa humanidad.
