El panorama en el sector de la discapacidad en Argentina se torna cada día más alarmante. Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), describió una situación “de gravedad extrema” que afecta a instituciones, transportistas y profesionales de todo el país, quienes se encuentran al borde del colapso por la falta de actualización de los aranceles regulados por el Estado.
“En Argentina, los aranceles los regula el Estado, aunque los principales financiadores sean las obras sociales y prepagas. Esos valores estuvieron congelados desde diciembre de 2024. El Gobierno acaba de anunciar una suba del 35%, pero llegó tarde y es completamente insuficiente frente a un atraso que supera el 70%”, explicó Goldman en diálogo con Radio Rivadavia.
Según el dirigente, el sistema logró sostenerse “a pulmón” durante meses, pero hoy muchas instituciones enfrentan una crisis terminal. “Los centros de día, los educativos terapéuticos y los hogares están quebrando. Algunas entidades apelaron a la caridad para poder comprar alimentos o pagar los servicios. En la provincia de Buenos Aires, el 20% ya cerró sus puertas”, remarcó.
A la falta de actualización se suma la demora en los pagos, que agrava aún más la situación. Los prestadores facturan a mes vencido y recién cobran 90 días después, por lo que los nuevos valores —de concretarse— recién impactarían entre enero y marzo de 2026.
Goldman también puso el foco en el deterioro de las condiciones laborales de los profesionales del área. “Un terapista o psicólogo recibe 12 mil pesos por sesión, y un transportista cobra 540 pesos por kilómetro recorrido. Así es imposible sostener la atención. Muchos se fueron del sistema, y las personas con discapacidad quedaron sin rehabilitación, sin traslados, sin acompañamiento”, lamentó.
El referente del CAIDIS cuestionó además el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, a la que acusó de “no dar respuestas” a los reclamos del sector. “ANDIS debería actualizar los aranceles y aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que ya fue promulgada. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley”, sostuvo.
Otro punto crítico es la baja masiva de pensiones por discapacidad, que agrava la situación social de miles de beneficiarios. “En los últimos meses se dieron de baja más de 1.100 pensiones, y el presupuesto 2026 prevé eliminar otras 197.000 sin haber sido auditadas. Es absurdo: no se puede dar de baja algo que no se conoce”, advirtió Goldman.
Ante este escenario, el colectivo de instituciones y prestadores adhirió a un amparo colectivo presentado ante el Juzgado Federal de Campana, que exige la aplicación inmediata de la ley de emergencia. “Tenemos esperanza en que la Justicia ordene al Estado cumplir con la normativa vigente. No pedimos nada extraordinario: solo que se respeten los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó.
La crisis deja al descubierto un sistema al límite, sostenido por la vocación de quienes todavía resisten, mientras miles de familias viven con la incertidumbre de no saber si mañana seguirán contando con los servicios esenciales para sus hijos o familiares.
