La reforma previsional impulsada por el gobernador Martín Llaryora entra en su tramo decisivo. En el Centro Cívico y en la Caja de Jubilaciones de Córdoba se vive un clima de intensa actividad, con funcionarios trabajando contrarreloj para cerrar los últimos detalles de la reglamentación de la nueva ley, cuyo anuncio oficial se espera en los próximos días.
Tras la sanción legislativa de la norma, en el oficialismo provincial predomina el optimismo. En el entorno del gobernador sostienen que, una vez conocida la “letra chica” de la reforma, el balance social será más favorable que adverso, incluso entre los empleados públicos y jubilados, sectores históricamente sensibles ante este tipo de cambios.
El objetivo central de la reforma es reducir el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones, que según estimaciones oficiales superará los 800 mil millones de pesos en 2026. Sin embargo, en el llaryorismo aseguran que la iniciativa no se limita a un ajuste fiscal, sino que forma parte de una estrategia política más amplia, con impacto a mediano y largo plazo.
Con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027, Llaryora busca consolidar un relato propio frente al ajuste nacional que impulsa el gobierno de Javier Milei. En ese marco, el mandatario provincial apuesta a mostrar que es posible ordenar las cuentas públicas sin afectar a los sectores de menores ingresos.
De acuerdo con los números preliminares que manejan en el Ejecutivo, más de 55 mil jubilados provinciales —aquellos que perciben haberes inferiores a 1,3 millones de pesos— recibirán incrementos que oscilarán entre el 11% y el 19%. En el oficialismo creen que este universo será clave para amortiguar el impacto político de la reforma y neutralizar eventuales protestas.
No obstante, el propio gobierno admite que habrá sectores perjudicados. Aproximadamente 20 mil empleados estatales con salarios superiores a los 3 millones de pesos verán reducido su ingreso neto como consecuencia del aumento en los aportes previsionales. A esto se suman unos 10 mil jubilados de mayores haberes que también sufrirán recortes, en el marco de una redistribución interna del sistema.
Las simulaciones técnicas se multiplican en la Caja de Jubilaciones, que mantiene un contacto permanente con el Centro Cívico para afinar cada variable. El gobernador sigue de cerca ese trabajo y exige precisiones, consciente de que un error de cálculo podría traducirse en un alto costo político.
“Con la baja de impuestos y ahora con la reforma previsional, no tenemos margen de equivocarnos. La mayoría tiene que percibir un beneficio concreto”, admitió un ministro del gabinete cercano a Llaryora.
En paralelo, los gremios estatales ya anticiparon que mantendrán el estado de alerta y no descartan nuevas protestas en la calle. El gobernador, por su parte, parece haber definido con qué sectores está dispuesto a confrontar, convencido de que la reforma le permitirá ordenar el sistema previsional y, al mismo tiempo, reforzar su perfil político en un contexto nacional dominado por el ajuste y la conflictividad social.
