El entendimiento entre la Unión Europea y el Mercosur volvió al centro de la escena tras la aprobación política del bloque europeo, un gesto que destrabó un proceso que llevaba más de 25 años de negociaciones. Con la firma del Mercosur prevista para mediados de enero y un posterior recorrido parlamentario, el acuerdo podría comenzar a regir hacia fines de 2026, según los plazos que maneja Bruselas.
Más allá del hito diplomático, el foco ahora está puesto en sus efectos concretos sobre la economía argentina. El pacto redefine reglas de comercio, acceso a mercados, estándares regulatorios y condiciones para la inversión, con impactos desiguales según el sector productivo.
Para el perfil exportador argentino, el acuerdo representa una oportunidad estratégica. La UE se comprometió a eliminar aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y a otorgar preferencias adicionales que alcanzan prácticamente a todo el comercio agrícola. Esto coloca a la Argentina en igualdad de condiciones frente a competidores que ya cuentan con acuerdos similares y le abre la puerta a un mercado de 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo.
Sin embargo, el beneficio no será inmediato. Muchos productos clave ingresarán al mercado europeo con arancel cero recién después de varios años, y otros —como las carnes— seguirán sujetos a cuotas. El impacto más relevante, según analistas, no está tanto en el volumen de ventas de corto plazo sino en la previsibilidad: reglas sanitarias claras, plazos definidos para habilitaciones y un marco regulatorio más estable para planificar inversiones.
En el frente industrial, el acuerdo plantea un desafío mayor. La apertura del Mercosur a los productos europeos será gradual, con plazos que van de cinco a quince años, pero implicará una competencia creciente con bienes fabricados bajo estándares de alta productividad. Economistas señalan que el entendimiento no implica un golpe automático a la industria local, pero sí refuerza la presión para mejorar costos, eficiencia y escala productiva.
Otro punto sensible es el compromiso sobre derechos de exportación. El texto establece que, a partir de cierto plazo, la Argentina dejará de aplicar retenciones a la mayoría de los productos exportados a la UE, con excepciones puntuales como la soja y los hidrocarburos, donde se fijaron topes y reducciones progresivas. Para el sector agroindustrial, este esquema podría mejorar la rentabilidad y estimular nuevas inversiones orientadas al mercado europeo.
Desde el punto de vista institucional, el acuerdo también actúa como una señal hacia los mercados. La adopción de normas compatibles con los estándares europeos en áreas como comercio, servicios y propiedad intelectual es vista por el sector privado como un factor que fortalece la seguridad jurídica y el atractivo del país para el capital extranjero.
Con apoyos empresariales y expectativas oficiales, el acuerdo UE–Mercosur aparece como una bisagra para la inserción internacional argentina. Su éxito, no obstante, dependerá menos del texto firmado y más de cómo el país logre adaptarse a un escenario de mayor competencia, reglas más exigentes y oportunidades que, si bien son amplias, exigirán cambios estructurales para poder aprovecharse plenamente.
