La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal volvió a pronunciarse en favor de las universidades públicas y le puso un límite al Gobierno nacional: deberá cumplir con la Ley 27.795 y garantizar el financiamiento del sistema.
El tribunal rechazó un planteo del Ejecutivo y ratificó la medida cautelar vigente desde diciembre, surgida a partir de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Orden de cumplimiento inmediato
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán fueron claros: el Ejecutivo tiene que aplicar sin demoras los puntos centrales de la ley, entre ellos:
- La recomposición salarial de docentes y no docentes.
- La actualización de partidas presupuestarias.
- El refuerzo de las becas estudiantiles.
La decisión apunta a destrabar un conflicto que venía afectando el normal funcionamiento de las universidades.
Críticas a la postura oficial
En su resolución, la Cámara cuestionó con dureza los argumentos del Gobierno para no avanzar con la ley, y consideró inválido intentar dejarla sin efecto mediante herramientas administrativas.
También recordó que la norma cuenta con una legitimidad reforzada: fue ratificada por el Congreso con mayoría agravada tras el veto presidencial.
Efectos sobre el sistema universitario
El fallo impacta de lleno en la estructura del sistema público:
- Garantiza recursos para el dictado de clases.
- Sostiene programas de investigación y extensión.
- Apunta a recomponer ingresos deteriorados por la inflación.
Distintas universidades habían advertido que el presupuesto proyectado no alcanzaba para cubrir estos compromisos.
Debate de fondo
Mientras el Gobierno insiste en el costo fiscal que implica la ley, la Justicia marcó una línea clara: no se puede desconocer una norma vigente por razones presupuestarias.
Incluso, el tribunal advirtió que el incumplimiento afecta derechos esenciales vinculados a la educación superior.
Escenario abierto
El fallo obliga ahora al Ejecutivo a redefinir su estrategia. Deberá decidir entre acatar lo dispuesto o avanzar con nuevas instancias judiciales, en un contexto donde el financiamiento universitario se convirtió en uno de los ejes centrales del debate público.
