Una banda de 35 personas, acusadas de desviar armas de fuego al mercado ilegal mediante testaferros para luego venderlas a organizaciones criminales que operan en Argentina, Chile y Uruguay, fueron detenidas, informó la Policía Federal (PFA).
Cómo fue la investigación
La causa comenzó por la denuncia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados con relación a la existencia de una organización dedicada a adquirir armas de fuego en forma presuntamente lícita en el mercado legal, para luego comercializarlas en el mercado negro.
Por disposición del juez de Campana, Adrián González Charvay, en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), a cargo de Santiago Marquevich, los detectives de Investigaciones Antimafia de la PFA recabaron datos.
Luego de diversas tareas de campo y de inteligencia criminal, se estableció que los presuntos organizadores de las maniobras utilizaban testaferros para adquirir principalmente pistolas semiautomáticas, entre ellas Bersa, Glock y Taurus, en significativas cantidades y escaso período de tiempo. Y en muchos casos, sin capacidad económica sustentable para ello, generando así la sospecha de ser acciones fraudulentas.
Los pesquisas también detectaron la posible vinculación en el entramado de armerías dedicadas a este negocio específico, como también gestores de tales tipos de trámite. De esta manera, organización al apoderarse de esa forma de las armas, luego las introducía en el mercado negro, inclusive limando sus numeraciones y transportándolas en contrabando hacia Chile y Uruguay.
Así, recaudaban grandes cantidades de dinero que luego invertían en compras de bienes mueble e inmuebles, configurando una importante red de lavado.
Las pesquisas realizadas por los efectivos federales revelaron la estructura de la organización, que se encontraba conformada por personas que de acuerdo a sus cargos y funciones cumplimentaban distintos roles, tratándose de exempleados del organismo nacional (expulsados por la actual gestión), quienes utilizaban sus recursos para facilitar la diligencia de los trámites de compra y transferencia de armamento en los participaban los testaferros.
El juez ordenó 140 allanamientos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, de Neuquén, Chubut, Salta, Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires.
Fueron detenidos 35 integrantes de la organización delictiva, conformada por cuatro mujeres y 31 hombres. Asimismo, se secuestraron múltiples armas.
