El lunes por la mañana, los pasillos de la Casa Rosada amanecieron espesos. No era un día cualquiera: en los teléfonos de ministros, asesores y secretarios circulaban los audios que Diego Spagnuolo, hasta hacía horas titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, había dejado como una bomba de tiempo. En esas grabaciones, el abogado y amigo personal de Javier Milei apuntaba directamente contra funcionarios libertarios de primera línea, insinuando connivencia en un presunto circuito de coimas.
El Presidente llegó temprano a Balcarce 50, acompañado de su hermana Karina. En la sala de reuniones se sumaron Eduardo “Lule” Menem, el asesor Santiago Caputo, el vocero Manuel Adorni y funcionarios del Ministerio de Justicia. Afuera, la agenda oficial parecía normal; adentro, el Gobierno enfrentaba el caso de corrupción más grave desde su asunción.
“Hay que mantener la calma, no exponernos más de lo necesario”, recomendó uno de los presentes, según reconstruyó Infobae. El plan, por ahora, es doble: desacreditar a Spagnuolo en privado —ya lo tildan de “delirante”— y ganar tiempo en público, aguardando los pasos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.
El margen es estrecho. Si la Justicia decide llamar a indagatoria a Spagnuolo y este ratifica lo dicho en los audios, la crisis podría escalar a niveles difíciles de contener. Por eso, una de las alternativas en estudio es denunciarlo por no haber presentado formalmente su acusación en tribunales.
Mientras tanto, el silencio domina la comunicación oficial. Adorni suspendió sin explicaciones su programa semanal, y las redes libertarias, habitualmente efervescentes, permanecen calladas. Ni siquiera los tuiteros más fieles salieron a ironizar o defender al Presidente. “Estamos callados porque nadie sabe mucho qué pasó”, admitió un funcionario de peso.
La sombra de los Menem, puntualmente Martín y Lule, sobrevuela la crisis. Spagnuolo los mencionó de manera directa en los audios como supuestos recaudadores. El oficialismo intenta cerrar filas: cualquier señal de interna, advierten, sería letal. “Esto tiene que tratarse como algo que afecta al Gobierno entero, sin matices”, confesó un dirigente cercano a Milei.
En paralelo, la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón —representante de Cristina Kirchner— suma combustible: habla de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, violación a la ley de ética pública y hasta posible asociación ilícita.
El clima en Balcarce 50 es de deliberación permanente. Nadie se atreve a anticipar una jugada. La prioridad es blindar al Presidente y evitar que la crisis erosione el núcleo de poder libertario. Sin embargo, en los despachos más sinceros ya reconocen que la semana fue “complicada” y que lo que viene puede ser aún más difícil.
El escándalo recién empieza, y el margen de maniobra del Gobierno parece achicarse con cada minuto que pasa.
