La tensión entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló este miércoles a un nivel inédito. La Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la órbita de la Secretaría de Justicia, anunció que avanza con la designación de veedores en la entidad de la calle Viamonte. La medida surge tras detectarse irregularidades financieras de extrema gravedad y la persistente negativa de la conducción de Claudio «Chiqui» Tapia a transparentar sus cuentas.
Ocho años de opacidad financiera
El Inspector General de Justicia, Daniel Vítolo, fue contundente al justificar la intervención. Según el funcionario, la AFA «no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años». Esta falta de transparencia impide conocer el origen y el destino real de millones de dólares que han ingresado y salido de la institución durante casi una década.
«Los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada», explicó Vítolo, subrayando que la AFA debe cumplir con la ley como cualquier otra asociación civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sedes falsas y la misteriosa «Universidad de la AFA»
La investigación de la IGJ también sacó a la luz maniobras administrativas sospechosas. Se detectó que la AFA intentó realizar una mudanza a un predio en la Provincia de Buenos Aires utilizando una sede social falsa. Tras las verificaciones, se comprobó que en dicho predio no funcionan las oficinas ni la administración, que continúan operando de forma efectiva en Viamonte 1366.
Además, el organismo gubernamental alertó sobre la existencia de la denominada «Universidad de la AFA», un ente que no se encuentra registrado oficialmente y sobre el cual la asociación se negó a brindar información detallada.
El mensaje de Milei: «Nadie está por encima de la Ley»
La medida se enmarca en la política de «privilegios cero» impulsada por la gestión de Javier Milei. Vítolo reafirmó que la nueva Argentina no admite excepciones, ni siquiera para el ente rector del fútbol. «Todas las asociaciones civiles, sin excepción, deben acatar sus obligaciones legales y contables. Nadie está por encima de la Ley», sentenció el Inspector General.
Este nuevo frente de conflicto judicial y administrativo promete profundizar la grieta entre el Poder Ejecutivo y la dirigencia del fútbol argentino, en un contexto donde también se debate la posible implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
