Ariel García Furfaro volvió a quedar tras las rejas. La noche del 20 de agosto de 2025 fue alojado en el penal federal de Ezeiza por orden del juez Ernesto Kreplak. Se lo investiga como uno de los responsables de la producción de dos lotes de fentanilo contaminado que ya fueron vinculados a la muerte de 96 pacientes en distintos puntos del país.
No es su primer paso por una cárcel: en 2002 fue condenado a siete años por intentar asesinar a un empleado de su restaurante, a quien roció con alcohol y prendió fuego. Desde la cárcel se recibió de abogado y logró la excarcelación de su primer cliente: un femicida serial apodado “El Loco del Martillo”.
En libertad, comenzó a construir una red de empresas que terminaría conformando el grupo HLB Pharma. A través de HLB, Laboratorios Ramallo y la droguería Alfarma, se convirtió en proveedor de medicamentos de gobiernos provinciales y municipios de distintas fuerzas políticas. También buscó insertarse en el negocio de las vacunas durante la pandemia y llegó a viajar a Rusia como parte de la delegación oficial que negociaba la llegada de Sputnik V.
El actual escándalo estalló el 2 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata denunció ante la ANMAT la presencia de bacterias peligrosas en ampollas de fentanilo de HLB Pharma. Poco después, el Ministerio de Salud confirmó que había más de 540 mil dosis distribuidas en 16 provincias, con foco en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. La ANMAT suspendió la producción y el uso de esos medicamentos.
La investigación judicial reveló que al frente de las sociedades figuraban familiares directos de García Furfaro: su madre Nilda (presidenta de la empresa), su abuela de 88 años y sus hermanos, todos detenidos. Según el magistrado, ellos integraban el directorio y tenían control de las operaciones.
El empresario había intentado justificar esas designaciones alegando un “divorcio traumático” y la falta de personas de confianza. Pero el expediente acumula antecedentes de irregularidades previas en sus plantas, como desvíos de calidad, denuncias en la gestión de Mauricio Macri y hasta una explosión en un laboratorio rosarino en 2016.
El caso no solo involucra a García Furfaro. La justicia también investiga el rol de organismos de control que habrían ignorado informes internos que advertían sobre fallas graves en los procesos de fabricación. El propio ministro de Salud, Mario Lugones, ordenó un sumario para determinar responsabilidades dentro del Instituto Nacional de Medicamentos.
Lo que alguna vez fue presentado como un modelo de empresa nacional proveedora de insumos estratégicos para el sistema sanitario, hoy enfrenta su peor crisis. El holding construido desde una verdulería familiar en Flores quedó desmantelado, y su dueño, otra vez, privado de la libertad.
