Hace casi una década que en Córdoba no se hablaba seriamente de bajar Ingresos Brutos. La última promesa fuerte fue en 2017, cuando los gobernadores firmaron el Consenso Fiscal impulsado por Mauricio Macri. El acuerdo establecía cinco años de reducción progresiva. Duró poco: a los dos años se desarmó y muchas provincias deshicieron lo que habían bajado.
Recién ahora, Martín Llaryora vuelve a mover la aguja: para 2026 propone una rebaja del 30% para un sector específico de contribuyentes. Un gesto que intenta retomar la discusión sobre un tributo que, por su diseño, es de los más distorsivos del país y prácticamente inexistente en el mundo. En Argentina grava cada etapa del proceso productivo sin permitir compensaciones, por eso un producto puede llegar al consumidor con una carga impositiva acumulada que roza el 15%.
El problema del “tope chico”
La rebaja beneficia a quienes están dentro de la escala reducida. Para entrar ahí, el límite de facturación pasará de $66 millones en 2025 a $88,1 millones en 2026, apenas un ajuste del 29,55%. Pero la inflación acumulada desde 2018 dejó ese monto totalmente desactualizado: el tope debería rondar los $550 millones, según tributaristas.
Esto explica por qué miles de comercios quedaron “empujados” hacia la alícuota general. Los mínimos quedaron congelados durante cuatro años, y cuando se reactivaron ya era tarde. Según cálculos privados, un negocio que antes podía estar en la escala reducida ahora tributa como uno mediano o grande, aun cuando sus márgenes reales no cambiaron.
En números: la Provincia asegura que el 64% de los contribuyentes cae dentro del tramo reducido —unos 52.300 comercios— pero se trata de un universo con facturación muy baja, del orden de $350 mil diarios. Un nivel que, en tiempos de alta inflación, cualquier emprendimiento medianamente formal supera con facilidad.
La comparación que expone la distorsión
Los especialistas recuerdan que, en 2018, un comercio entraba en la escala reducida con $9 millones anuales. Ese monto equivalía a siete veces el techo del monotributo. Hoy la categoría más alta del monotributo permite facturar $94,8 millones, más que el tope para acceder a la alícuota reducida. Es decir: el sistema perdió cualquier criterio lógico para diferenciar contribuyentes.
El desfasaje se agrava en el tramo agravado. Para 2018, pasar a la alícuota más alta se activaba desde $163 millones anuales; actualizado por inflación, el límite debería ser casi $10.000 millones. Hoy es de apenas $431,8 millones. Resultado: un supermercado de barrio paga lo mismo que una cadena gigante.
Las dudas detrás de las declaraciones y el “negro”
Un interrogante inevitable: ¿es creíble que el 64% de los comercios cordobeses facture tan poco? En el Gobierno aseguran que sí, pero contadores advierten que parte de esas cifras pueden estar subdeclaradas. Si eso ocurre, la rebaja terminaría beneficiando a quienes tienen la posibilidad de ocultar ventas, mientras deja afuera a los formales que superan el tope por inflación, no por tamaño real.
Industria y otros cambios
La industria tiene un tratamiento distinto: sigue exenta si factura menos de $3.200 millones. A diferencia del comercio, este sector sí tuvo actualizaciones más razonables a lo largo de los años, probablemente por su mayor poder de lobby.
También se amplían beneficios para inversiones en zonas desfavorables y sectores como salud y educación. En Sellos, las modificaciones son puntuales: baja sobre boletos inmobiliarios, y mantenimiento de las diversas alícuotas para arrendamientos, maquinaria y tarjetas.
El costo fiscal
Toda la reforma implicará para la Provincia una resignación de $600 mil millones en 2026. Para dimensionarlo: sólo en octubre, la recaudación total fue de $799.626 millones. Es decir, la rebaja representa casi un mes entero de ingresos provinciales.
