Un insólito hecho de inseguridad ocurrió en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, cuando efectivos policiales intentaron sumar a dos civiles como testigos de una orden judicial y terminaron deteniéndolos al descubrir que portaban armas.
El episodio tuvo lugar mientras agentes de la DDI de La Matanza, en conjunto con personal de Azul, realizaban un procedimiento en una vivienda ubicada en la intersección de Simón Pérez y la colectora de Juan Manuel de Rosas.
Una solicitud de rutina que terminó en persecución
Todo comenzó cuando los uniformados interceptaron a dos jóvenes que caminaban por la zona con la intención de solicitarles que participaran como testigos de la diligencia policial que se estaba llevando a cabo.
Sin embargo, lejos de prestar colaboración, los sospechosos reaccionaron de manera inesperada: se mostraron visiblemente nerviosos y emprendieron una veloz huida a pie en cuanto los agentes les indicaron que detuvieran su marcha.
Ante esta actitud, los efectivos iniciaron una breve persecución que culminó a los pocos metros con la intercepción de ambos individuos. Al realizar la requisa correspondiente ante la mirada de las autoridades, se reveló el motivo del intento de escape.
Armas secuestradas y un intento de fuga frustrado
Entre las pertenencias de los demorados, la Policía encontró elementos de peligrosidad. Uno de los implicados, identificado como Jesús Joel Vargas, de 18 años, llevaba oculto en su cintura un revólver calibre 22.
Según informaron fuentes de la investigación, el arma tenía la numeración suprimida, estaba cargada y se encontraba lista para ser utilizada.
Por su parte, el segundo joven involucrado, de apenas 15 años, portaba una manopla metálica entre sus prendas. Tras el hallazgo, ambos elementos fueron secuestrados y los jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial para quedar a disposición de la justicia.
La situación legal de los sospechosos
La resolución judicial para los implicados fue dispar debido a sus edades. El joven de 18 años fue formalmente imputado por el delito de «tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil», bajo la intervención del fiscal Fernando Garate, titular de la UFI Descentralizada N° 1 de Laferrere.
En cuanto al menor de 15 años, las autoridades dispusieron que fuera entregado a sus padres pocas horas después del incidente.
