La causa judicial por la llamada “casita del after”, el boliche donde se realizaron presuntamente fiestas clandestinas durante más de 11 años en Córdoba, avanza con la imputación del presunto organizador, identificado como N.A.
El hecho que impulsó la investigación ocurrió en agosto pasado, cuando un conductor atropelló a un grupo de jóvenes en medio de una pelea frente al lugar. La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 4, a cargo de Liliana Copello, imputó a N.A. por amenazas con armas de fuego a dos vecinos que denunciaron los eventos ilegales y el episodio de violencia. Se le dictó una restricción para no acercarse ni comunicarse con los denunciantes ni sus familias.
Junto con él, su padre y su hermana también están bajo la lupa de la investigación, ya que testigos los identificaron como organizadores de las fiestas clandestinas. Curiosamente, los tres denunciaron al ministro de Seguridad provincial y a directores municipales tras un megaoperativo en julio, que detectó más de 400 personas en el lugar, incluidos menores, sin habilitación y con graves deficiencias de seguridad.
El operativo había revelado cableado eléctrico expuesto, ausencia de matafuegos, falta de señalización de emergencia y deficiencias en la instalación eléctrica, entre otras irregularidades. A pesar de esto, las fiestas continuaron hasta el 24 de agosto, cuando se produjo la pelea y el atropello.
El incidente ocurrió en la intersección de Rincón de Luna y Arroyo Cabral, cuando la disputa comenzó dentro del boliche y se trasladó a la calle. El conductor involucrado regresó con su auto y embistió a al menos cuatro jóvenes, incluidos tres motociclistas, antes de huir.
Según testigos y grabaciones, las víctimas fueron retiradas del lugar antes de la llegada de la Policía. Un joven de 19 años llegó por sus propios medios al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero con fracturas y lesiones faciales, y se encuentra en tratamiento, sin riesgo de perder la visión.
La causa sigue abierta, y las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para determinar responsabilidades en el funcionamiento ilegal de las fiestas y en los hechos de violencia ocurridos.
