La causa que investiga los vuelos privados a Punta del Este dio un giro más profundo: el juez federal Ariel Lijo ordenó a la TV Pública entregar los expedientes completos de los contratos firmados con la productora de Marcelo Grandío, empresario cercano al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Qué busca la Justicia
El objetivo es reconstruir el circuito completo de contratación:
- Cómo se iniciaron los expedientes
- Qué áreas intervinieron
- Qué funcionarios participaron en cada instancia
- Cuánto dinero generaron esos acuerdos
Además, se requirió documentación contable y presupuestaria para verificar la trazabilidad de los fondos.
El eje penal: posibles dádivas
La investigación se enmarca en una causa por presuntas dádivas. La sospecha central es que:
- Grandío habría pagado vuelos privados a Punta del Este.
- Los viajes habrían sido una “invitación” para la familia de Adorni.
Testigos indicaron que en el vuelo de ida viajaron ambas familias, mientras que en el regreso solo lo hizo la del funcionario.
Testimonios clave y contradicciones
Una empleada de la empresa de aviación declaró que:
- El periodista pidió cotización para invitar a una familia.
- Luego confirmó que se trataba del entorno de Adorni.
- Parte del vuelo se habría pagado en efectivo.
- Se intentó evitar la facturación completa del servicio.
Estas declaraciones contrastan con la versión pública del funcionario, quien afirmó haber pagado los pasajes familiares.
Nuevas medidas de prueba
El juzgado también solicitó:
- Registros de llamadas entre Grandío y autoridades de la productora.
- Información sobre otros posibles viajes compartidos.
Incluso se dispuso una restricción de contacto para el empresario, tras denuncias de presiones a una testigo.
Un expediente en expansión
Con estos elementos, la causa amplía su alcance:
- Pasa de los vuelos a los contratos estatales.
- Incorpora posibles beneficios cruzados entre lo público y lo privado.
- Suma líneas paralelas, como una investigación por enriquecimiento ilícito.
El avance de las pericias y la documentación requerida será clave para determinar si existieron irregularidades o si las operaciones se ajustaron a la legalidad.
