El Gobierno de Mendoza presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código de Contravenciones, incorporando sanciones económicas y obligaciones para padres y tutores en casos de acoso escolar o bullying. La medida busca involucrar activamente a las familias en la prevención y corrección de conductas violentas de los menores.
La iniciativa establece multas de hasta $2.100.000 y hasta 50 días de trabajo comunitario para los adultos que no intervengan ante episodios de violencia escolar. Además, contempla instancias de mediación y talleres de parentalidad como espacios de aprendizaje y reflexión conjunta.
El proyecto llega tras el grave incidente en la escuela Marcelino Blanco, del departamento de La Paz, donde una adolescente de 14 años ingresó con un arma de fuego, efectuó disparos al aire y se atrincheró durante varias horas. También se suman otros hechos recientes en escuelas de Guaymallén, donde estudiantes llevaron réplicas de armas generando alarma.
Junto con la normativa, se presentó un Protocolo de Actuación escolar que establece procedimientos claros: identificación temprana de casos, registro de los hechos, comunicación inmediata con las familias, plan de acción urgente y seguimiento de cada situación. Además, incluye criterios para derivar a los estudiantes a organismos de protección de derechos de la infancia y a la Justicia provincial.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, destacó:
“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima y deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Necesitamos familias presentes y corresponsables.”
El proyecto organiza la intervención en tres niveles: prevención, acción inmediata y posvención, combinando sensibilización, protección de víctimas y reparación educativa para los agresores.
Esta iniciativa se enmarca en una serie de hechos de violencia escolar que tuvieron impacto judicial, como un fallo histórico que obligó a la Dirección General de Escuelas a indemnizar con $4,5 millones a la familia de una víctima de bullying en Godoy Cruz, destacando la responsabilidad estatal y escolar en la protección de los menores.
