Con el impulso político que le dejó la victoria electoral, el Gobierno decidió avanzar sobre uno de los temas más espinosos de su agenda: la reforma laboral. El proyecto, presentado por la diputada Romina Diez bajo el nombre Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, retoma y amplía la iniciativa discutida en el Consejo de Mayo, con la promesa de “modernizar” el mundo del trabajo argentino y adecuarlo a los nuevos tiempos económicos.
La Casa Rosada interpreta el resultado de las elecciones como una luz verde social y política para reabrir debates que habían quedado congelados, y el laboral es, quizás, el más simbólico de todos. “Si la Argentina quiere crecer, necesita reglas más claras para contratar, invertir y producir”, repiten cerca del oficialismo, convencidos de que es el momento de encarar cambios profundos.
Un nuevo intento por aggiornar la ley laboral
El texto de Diez, acompañado por varios diputados del espacio libertario y aliados, propone revisar artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo de hacerla más flexible y menos costosa para las empresas.
La iniciativa incluye medidas como la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas, la ampliación de la jornada laboral, la fragmentación de las vacaciones y una mayor libertad empresarial para modificar tareas o modalidades de trabajo.
También redefine los beneficios sociales no remunerativos, permitiendo que ciertos aportes —como comidas, conectividad o útiles escolares— no sean considerados parte del salario, con lo cual el empleador pagaría menos cargas.
El corazón del proyecto: más flexibilidad, menos costos
El espíritu de la reforma es claro: reducir la litigiosidad y estimular la contratación formal, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
Para eso, se propone la creación de un régimen de incentivos fiscales que premia a los empleadores que generen nuevos puestos de trabajo:
- Microempresas: 100% de crédito fiscal
- Pequeñas: 75%
- Medianas: 50%
- Grandes: 25%
El beneficio se mantendría durante un año y solo se aplicaría si las nuevas contrataciones representan un incremento real en la nómina laboral.
Licencias, vacaciones y enfermedades
En cuanto a las licencias por enfermedad, se conservan los plazos actuales (tres o seis meses según antigüedad), pero se suma un nuevo mecanismo de control por parte de la Secretaría de Trabajo, que podrá revisar certificados médicos y aplicar sanciones si se detectan irregularidades.
El esquema de vacaciones también se flexibiliza: los trabajadores podrán dividir su descanso en períodos más cortos —no inferiores a una semana— y elegir fechas fuera del verano, aunque se garantiza que, al menos una vez cada dos años, puedan hacerlo en temporada alta. Además, las parejas o matrimonios que trabajen en la misma empresa podrán pedir vacaciones conjuntas.
Un debate que divide al Congreso
El oficialismo sabe que el tema generará tensión política y sindical. Mientras el Ejecutivo lo presenta como una herramienta de “liberación económica”, desde la oposición peronista ya se anticipan resistencias y llamados a movilización.
En el Congreso, el Gobierno necesitará construir mayorías transitorias para aprobar la iniciativa, en especial en el Senado, donde el bloque oficialista no alcanza el tercio necesario. Por eso, se espera que la discusión se convierta en uno de los primeros grandes pulsos políticos del nuevo período legislativo.
Reglas nuevas para una economía que busca oxígeno
La reforma también busca reducir el peso judicial de los conflictos laborales. El proyecto establece un tope a los intereses por juicios, limitándolos al valor actualizado por inflación más una tasa del 3% anual, y restringe los honorarios de los abogados laborales al 20% del total obtenido.
En paralelo, se habilita el pago digital de sueldos y recibos electrónicos, y se crea la figura de “banco de horas” para administrar horas extras o francos compensatorios con mayor libertad dentro de los convenios colectivos.
El trasfondo político
La diputada Romina Diez encabeza el proyecto junto a Lilia Lemoine, José Luis Espert (en licencia), Bertie Benegas Lynch, Gabriel Bornoroni y Lorena Villaverde, entre otros. En la práctica, se trata del primer paso del oficialismo hacia una nueva etapa de reformas estructurales, en la que la economía y el trabajo se colocan nuevamente en el centro del debate nacional.
El Gobierno interpreta que el voto popular le otorgó un margen de maniobra que antes no tenía. Pero el desafío, reconocen incluso en despachos libertarios, será traducir el respaldo electoral en acuerdos políticos concretos dentro del Congreso.
