En simultáneo con la visita del canciller Pablo Quirno a Washington para reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno estadounidense difundió —por su cuenta— que ya existe un entendimiento para avanzar hacia un Acuerdo de Comercio e Inversión. La declaración oficial promete “fortalecer y equilibrar” el vínculo económico con la Argentina, aunque la letra difundida desde la Casa Blanca deja poco espacio para hablar de equilibrio y mucho para señalar una marcada asimetría.
El borrador del acuerdo fija compromisos que alinean a la Argentina con la política comercial estadounidense, incluso en su relación con terceros países. La referencia es transparente: China. No está claro cuánto margen tendrá Buenos Aires para seguir operando con el gigante asiático en sectores clave como la soja o la industria aceitera, ni cómo afectará esto la relación con el Mercosur. El documento adelantado por Washington habla de preferencias arancelarias especiales para productos norteamericanos, un trato que tensiona la idea de “bloque regional”.
Desde Corrientes, Javier Milei celebró el anuncio como un triunfo de su estrategia de alineamiento con Donald Trump. Lo hizo con ironía: “Parece que los viajes estuvieron rindiendo un poquito, ¿no?”. El Gobierno argentino exhibe el acuerdo como la puerta hacia un “nuevo siglo de oro” basado en minería, energía y alimentos. Pero la contracara es el riesgo de una apertura comercial que podría desfondar sectores productivos incapaces de competir con industrias que funcionan bajo estándares tecnológicos y financieros inalcanzables para la mayoría de las pymes locales.
El texto difundido por la Casa Blanca señala que Estados Unidos eliminará aranceles sobre “ciertos recursos naturales no disponibles” y algunos productos farmacéuticos sin patente. A cambio, Argentina abre sectores enteros al ingreso de bienes estadounidenses: medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas. Una apertura que recuerda viejos episodios de dependencia, más que una relación de pares.
En materia regulatoria, Argentina acepta desmontar barreras no arancelarias, permitir que autos ingresen con estándares estadounidenses y autorizar que ANMAT reconozca certificaciones de la FDA. Es decir, se resigna capacidad de control propio en áreas centrales como salud, seguridad y calidad industrial.
También habrá cambios en propiedad intelectual: revisión de criterios de patentabilidad, aceleración de trámites y endurecimiento contra la falsificación. Viejos reclamos de Washington que ahora encuentran vía libre.
El agro tampoco queda fuera. Se abre la puerta al ingreso de ganado en pie, carne aviar, lácteos, porcinos y menudencias. Para muchas economías regionales y pequeñas industrias alimentarias, competirá una agroindustria estadounidense ultra subsidiada, capaz de desplazar a productores locales.
Otra pata del acuerdo es ambiental y laboral: Argentina adopta compromisos contra el trabajo forzoso y la pesca ilegal, mientras suma cooperación en minerales críticos —litio, cobre—, un sector donde Estados Unidos juega fichas geopolíticas. A cambio, el país reduce autonomía en un rubro donde tiene fuerte potencial estratégico.
También hay alineamiento digital: Argentina reconocerá a Estados Unidos como “jurisdicción adecuada” para la transferencia de datos y aceptará firmas electrónicas bajo legislación norteamericana, un movimiento que podría chocar con estándares de protección más exigentes, como los de la Unión Europea.
El resultado, más allá del entusiasmo oficial, expone una verdad incómoda: el acuerdo coloca a la Argentina ante una dinámica comercial donde los beneficios inmediatos parecen inclinarse hacia la economía estadounidense, mientras el país asume obligaciones profundas que podrían impactar de manera desigual en su tejido productivo.
La apuesta gubernamental es que la apertura traerá inversiones. La duda es si, en el camino, la Argentina no queda amarrada a una dependencia comercial que ya conoce de memoria.
