La inminente aprobación de la reforma laboral aparece como un hito político y simbólico central para el gobierno de Javier Milei, que planea convertirla en el eje de su nuevo relato político cuando se presente ante la Asamblea Legislativa. El oficialismo entiende esta sanción como la consolidación de su avance parlamentario tras el resultado electoral de octubre y como una señal del cambio de clima político en el país.
El escenario también mostró un giro en varios gobernadores peronistas, que en esta oportunidad evaluaron que el costo político de acompañar cambios laborales es distinto al de años anteriores. Ese cambio cultural, basado en la lógica de confrontación y transformación impulsada por el oficialismo, explica parte del respaldo indirecto que consiguió la iniciativa.
Dentro de ese contexto se ubica la postura cambiante del gobernador cordobés Martín Llaryora, alineada en gran medida con la estrategia política del exmandatario provincial Juan Schiaretti y del espacio legislativo mediterráneo. Durante años, el peronismo cordobés se movió con comodidad diferenciándose del kirchnerismo y manteniendo equilibrio institucional incluso durante la gestión de Mauricio Macri. Ese margen, sin embargo, se redujo con la llegada del actual gobierno libertario.
La división de posturas dentro del bloque cordobés en Diputados —entre ausencias, apoyos y rechazos parciales— reflejó la nueva realidad política, pero también dejó ver una preocupación estructural: el financiamiento de la Caja de Jubilaciones provincial. En ese punto, las conversaciones con la Nación apuntan a incrementar los envíos mensuales de ANSES, que hoy rondan los $5.000 millones, con expectativas de acercarse a los $10.000 millones para sostener el sistema previsional.
Ese posible refuerzo económico permitiría a la Provincia avanzar con promesas previsionales, como el pago del 82% móvil a más jubilados mediante bonos complementarios. En paralelo, estrategias similares aparecen en otras provincias, como Santa Fe, donde también existen reclamos millonarios por deudas previsionales.
En el plano político, el silencio público de Schiaretti convive con la versión de que su voto hubiera sido favorable en términos generales, con objeciones puntuales. Mientras tanto, hacia adentro del espacio de gobernadores y bloques federales crece el debate sobre la necesidad de fijar posiciones más definidas para evitar una pérdida de identidad política.
En síntesis, más allá de la discusión laboral, el trasfondo real combina negociación financiera, supervivencia fiscal provincial y reposicionamiento político en una Argentina donde la relación con la Casa Rosada se volvió un factor determinante para la gobernabilidad local.
